Ante el desafío independentista catalán, el gobierno español espera la aprobación formal de la ley que pretende amparar el referéndum catalán del 1 de octubre para recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Se basará para ello en varios artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña y otros preceptos de las Naciones Unidas y de la Comisión de Venecia contra las consultas ilegales de autodeterminación.

La presentación del borrador de la Ley de referéndum catalán se celebró el pasado martes 4  en una sala principal del Teatre Nacional de Catalunya, en una ceremonia envuelta en una gran solemnidad a cargo del president catalán Carles Puigdemont y  los representantes de Junts Pel Sí,  con el apoyo de la CUP.

El gobierno estatal quiere conducirse en todo este proceso con prudencia y proporcionalidad ante hechos concretos, sin incurrir en  reacciones no calculadas sobre provocaciones, que puedan alentar ni reforzar mínimamente las posiciones de la otra parte.

El borrador de esta ley sostiene que su texto prevalece jerárquicamente sobre cualquier otra norma y se autoerige en norma suprema del ordenamiento jurídico en Cataluña, por encima de la Constitución y el Estado, que no podrá ser recurrida por ningún órgano judicial. El texto no determina en ningún momento un porcentaje mínimo de participación ni una mayoría concreta para considerar el resultado de este referéndum vinculante. Por otro lado, la consulta planteada para el 1 de octubre se basa en un censo elaborado por la Generalitat, que no tiene competencias para ello.

En la interpretación que hace el gobierno este texto es radicalmente contrario a lo que establece la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía Catalán, y atenta contra los principios democráticos de todo estado democrático y de derecho.

Ciudadanos y PSOE apoyarán al gobierno en este recurso ante el Constitucional. Según fuentes próximas al gabinete del presidente Mariano Rajoy, el gobierno español tendría ya redactado un documento de base para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra dicha ley de referéndum.