Una de las sentencias más polémicas de los últimos años, que ha conmocionado a la opinión pública española e incluso la internacional,  ha sido la del juicio contra cinco jóvenes sevillanos, conocidos como “La Manada”, acusados de violar en grupo a una joven en Pamplona, que condenó a dichos jóvenes a  9 años de cárcel por abusos sexuales pero los absolvió de delito de agresión sexual.

A raíz de la sentencia se sucedieron las manifestaciones y movilizaciones ciudadanas en las calles de diferentes ciudades españolas, hasta el punto de que el poder judicial y el poder político, zarandeados por la indignación del pueblo, se encuentran en estos momentos enfrentados.

El gobierno ha anunciado su idea de proceder cuanto antes a la reforma del Código Penal, mientras los magistrados y fiscales consideran este hecho una intromisión en sus funciones.

La Asociación Juezas y jueces para la Democracia ha pedido la dimisión del actual ministro de Justicia, Rafael Catalá. No obstante, el gobierno del Partido Popular quiere acelerar la reforma anunciada que revise la clasificación de los delitos sexuales.

Hay que hacer notar que en este caso el gobierno cuenta con el apoyo de todos los partidos. Todos ellos, conscientes de la enorme expectación que este caso ha despertado en la opinión pública, se han mostrado partidarios de legislar “en caliente” la reforma del código penal que anuncia el gobierno.

De hecho, el ministro Catalá, que preside en estos momentos la Comisión General de Codificación, quiere presentar en las próximas semanas la primera propuesta de modificación del Código Penal para este tipo de delitos.

La idea que sustenta la reforma es que, aunque la víctima no se enfrente a sus violadores ni se defienda, los jueces puedan dictar sentencia por violación y no por abuso sexual.