Atendiendo una petición del Gobierno de España y de forma unánime, el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido suspender las resoluciones que abrían la vía para la convocatoria de un referéndum independentista en Cataluña para 2017, previsto como muy tarde para el mes de septiembre de 2017.
Asimismo, este tribunal ha advertido a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de su obligación de cumplir la ley y de impedir o de paralizar cualquier iniciativa que vaya en contra de la legalidad vigente. Además, les avisa de “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.
Como se recordará, en octubre pasado el Parlament de Cataluña aprobó la celebración unilateral de un referéndum independentista vinculante, una aprobación que resulto ser tremendamente polémica. Ya entonces, Ciutadans, PP y PSC alegaron “motivos de legalidad” y propusieron a la Mesa del Parlament que no tramitase la propuesta sobre el referéndum y la del proceso constituyente, ya que estimaban que no podía debatirse por contravenir las decisiones del Tribunal Constitucional. La propuesta prosperó gracias a los votos a favor expresados por Junts Pel Sí, la CUP y la abstención de Catalunya Sí Que Es Pot.
A partir de ahora, la Presidenta del Parlamento de Cataluña, los miembros de la Mesa del Parlamento y el secretario general de la Cámara autonómica, disponen de 20 días para emitir los informes que permitan aclarar si las actuaciones parlamentarias orientadas a permitir la celebración del referéndum, han contravenido la sentencia que anulaba la declaración independentista de Cataluña.
En octubre pasado, la Fiscalía se querelló contra Forcadell por permitir la votación sobre el proceso soberanista pese a la prohibición del Tribunal Constitucional y se le reprochó a la presidenta del Parlamento Catalán su absoluto desprecio a la Constitución de 1978.