Los problemas en la política española y el panorama tan complicado que presenta el parlamento español preocupan a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
Este organismo internacional, que agrupa a 34 países para coordinar sus políticas económicas y sociales, ha alertado del peligro que supone esta inestabilidad en su último informe, presentado en las últimas horas en Shangái. Según dicho informe, en términos globales, “Las previsiones de crecimiento global permanecen nubladas a corto plazo, con las economías emergentes perdiendo fuelle, el comercio global ralentizado y la recuperación de las economías avanzadas entorpecida por la baja inversión”.
En su análisis concreto de la política española, la ralentización de las reformas puede tener graves consecuencias si se demora demasiado. Por ello, el plazo máximo que marca este organismo para desbloquear está situación es el próximo verano.
A pesar que España ha sido uno de los países que más medidas ha emprendido para conseguir ganar competitividad, nuestro país necesita reformas que aumenten la productividad para apuntalar su recuperación a medio plazo.
Esta institución señala que, a pesar de las reformas acometidas, el paro en España sigue siendo excesivamente elevado. En especial el paro juvenil y el de larga duración son dos de los aspectos que más preocupan a la OCDE, ya que “socavan el crecimiento a largo plazo” y conllevan un serio riesgo de que la desigualdad económica y social crezca todavía más entre la población española.
Las medidas que España necesita, de forma perentoria, tienen que ver con el despliegue de de políticas que sirvan para mejorar las oportunidades de empleo y las perspectivas de los desempleados para que puedan regresar a su puesto laboral o encontrar uno nuevo. Esto es difícil de concretar con un gobierno en funciones, un debate de investidura a la vista cuyo resultado es dudoso, y un parlamento fragmentado en el que los partidos políticos no se ponen de acuerdo.
